A once años del "Ni Una Menos", el femicidio de Agostina Vera en Córdoba demuestra la inacción estructural en Argentina: muestra un Estado lento, jueces que ignoran el riesgo y una cultura que arrastra los mismos patrones de siempre.
El crimen de una adolescente de 14 años en Córdoba vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite con brutal regularidad en la Argentina: un Estado que llega tarde, la Justicia que actúa poco, y una sociedad que no termina de cambiar.
El caso que volvió a exponer las fallas del sistema
El hallazgo sin vida de Agostina Vera, de apenas 14 años, no es solo una tragedia policial, sino es un fracaso político e institucional. Su caso genera indignación en la sociedad por la falta de compromiso, tanto del lado del gobierno como de la justicia.
Siete días de búsqueda desesperada terminaron de la peor manera, pero lo que más estremece a la sociedad argentina no es el desenlace en sí, sino la certeza de que pudo haberse evitado. El principal imputado ya contaba con antecedentes de violencia y causas abiertas. Sin embargo, la justicia le otorgó una libertad bajo fianza que terminó transformándose en una condena de muerte para una adolescente. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la pregunta incómoda que la política nacional insiste en esquivar: ¿cuántas alarmas necesita el sistema para reaccionar antes de que sea tarde?
El femicidio no es un fenómeno nuevo ni excepcional en la Argentina. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2014 se registraron 225 casos; en 2015, 235; en 2016, 256; en 2017, 273; y en 2018, 278. Los números no hacen más que confirmar una tendencia que se agrava año tras año, incluso después del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en 2015, que visibilizó como nunca antes esta problemática. El hecho de que a 11 años de la primera marcha multitudinaria no hayan alcanzado para frenar la escalada dice algo muy profundo sobre la naturaleza del problema.
Un estado que llega cuando ya es tarde
La legislación argentina define el femicidio como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
La Ley 26.791, sancionada en 2012, incorporó el femicidio al Código Penal con penas de reclusión perpetua. Pero una ley no alcanza cuando el andamiaje institucional, que debería prevenir el crimen, falla sistemáticamente.
Los datos revelan una paradoja incómoda: en muchos de estos casos hubo señales previas, denuncias anteriores, historiales de violencia conocidos. En 2016, por ejemplo, se registraron 60 denuncias previas entre los casos relevados, y apenas el 9% de los imputados recibió sentencia condenatoria ese año. En 2017, ese porcentaje cayó al 3%. Dicho de otra manera: el Estado sabe — o debería saber — lo que está por ocurrir, y aun así no actúa a tiempo.
Las medidas cautelares que no se cumplen, los juzgados desbordados, la falta de presupuesto para refugios y equipos de acompañamiento, la revictimización en las comisarías: todo forma parte de un sistema que, con demasiada frecuencia, deja sola a la mujer que pide ayuda. Y cuando el sistema falla, el resultado es, otra vez, la desprotección de las mujeres.
Entender el origen del problema
La violencia de género no cae del cielo. Tiene raíces culturales profundas, y entenderlas es indispensable para poder desarticularlas. El agresor no actúa desde la locura: actúa desde la convicción de que tiene derecho a controlar, a poseer, a someter. Diana Lan explica que el femicidio muchas veces representa el fracaso del victimario para someter a la mujer. Cuando ella intenta romper con ese ciclo de violencia, cuando reclama su libertad, él responde con la peor forma.
Esta lógica no existe en el vacío: se nutre de una cultura que durante siglos normalizó la subordinación femenina y el dominio masculino. No se trata de acusar a todos los varones de ser agresores; se trata de reconocer que la masculinidad hegemónica — esa que asocia el ser hombre con el poder, el control y la invulnerabilidad — es el caldo de cultivo en el que la violencia encuentra terreno fértil. Mientras eso no cambie, la sociedad seguirá produciendo agresores, y el sistema seguirá recibiéndolos tarde.
¿Qué hace falta para que algo cambie?
La indignación es necesaria, pero no suficiente. Para que los femicidios dejen de ser una constante en la Argentina, hacen falta cambios concretos.
Primero, el Estado debe dejar de actuar cuando ya es demasiado tarde. Eso implica financiamiento real para las líneas de atención, refugios con capacidad efectiva, y equipos interdisciplinarios que puedan acompañar a las mujeres en situación de riesgo antes de que el crimen ocurra. También implica una Justicia que tome en serio las denuncias, que aplique y haga cumplir las restricciones perimetrales, y que procese con rapidez y eficacia los casos que llegan a sus manos.
Segundo, es imprescindible una educación en género que llegue temprano y llegue a todos. No como materia optativa ni como charla de una hora en el colegio secundario, sino como un eje transversal que atraviese la formación desde la infancia: que enseñe a construir vínculos basados en el respeto, que cuestione los estereotipos de masculinidad que asocian el poder con la violencia, y que dote a niños y adolescentes de herramientas para reconocer situaciones de violencia y pedir ayuda.
Tercero, los varones tienen que asumir un rol activo en este cambio cultural. No alcanza con no ser violentos: hace falta nombrar la violencia cuando se la ve, cuestionar las bromas que la naturalizan, interpelar a amigos, familiares y colegas cuando reproducen conductas que, aunque parezcan menores, forman parte del mismo continuo que termina en un femicidio.
El caso de Agostina Vera obliga a mirar más allá de la conmoción del momento. Los femicidios no son hechos aislados ni tragedias inevitables: son la consecuencia de fallas institucionales y patrones culturales que la sociedad aún no ha logrado erradicar. A once años de Ni Una Menos, existe una mayor conciencia sobre el problema, pero mientras las alertas sigan siendo ignoradas y la violencia continúe encontrando espacio para reproducirse, el reclamo seguirá vigente. El verdadero desafío no es recordar a las víctimas, sino evitar que haya nuevas víctimas que recordar.
Sobre la autora:
Instagram: @sara_salas_
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