Grooming Gangs: silencio institucional y los límites del multiculturalismo británico

El concepto de “Grooming Gangs” comenzó a popularizarse en Inglaterra en la década de 2010, a partir de una investigación que The Times publicó en 2011 titulada “Action on the gangs who groom girls for sex”. La nota daría inicio a un prolongado debate, que se mantiene hasta el día de hoy, sobre un patrón sostenido desde los 90s en el que bandas criminales organizadas identifican, captan, manipulan y explotan niñas sexualmente. La cuestión cobró suficiente relevancia para que posteriormente, en 2014, el gobierno británico catalogara esta problemática bajo el término legal de “Child Sexual Exploitation” (más conocido como CSE). Desde ese momento, se llevaron a cabo múltiples investigaciones pero todas tienen alguna negligencia que no permite hacer un análisis completo: uso de métodos cuestionables, falta de recopilación de datos, entre otras razones. 

Los casos más documentados, tratados en medios y debatidos en el parlamento son: el caso de Rotherdam, donde se llevó a cabo un informe llamado el Informe Jay, que fue publicado en 2014 y concluyó que aproximadamente 1.400 niñas fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013 por parte de redes organizadas; el caso de Telford, que permitió que se lleve a cabo una investigación independiente que expresa que más de 1.000 niñas fueron abusadas a lo largo de tres décadas; Rochdale, donde decenas de hombres fueron condenados por explotación sexual infantil entre 2012 y la actualidad, y el informe local identificó que hasta 96 hombres representaban una amenaza para menores. El denominador común en todos estos casos es que las denuncias fueron ignoradas o archivadas por las instituciones responsables de responder y actuar. Los casos descritos y muchos otros, aunque de menor repercusión pública, exponen la negligencia del Estado en hacerse cargo de su responsabilidad, siendo la mayor negligencia la falta de correcta recopilación de información de los perpetradores. 

El Informe Jay documentó que trabajadores del Consejo de Rotherham expusieron el nerviosismo para identificar el origen étnico de los perpetradores por temor a ser considerados racistas, y que algunos recordaron instrucciones explícitas de sus superiores de no hacerlo. Este fenómeno también fué confirmado por la auditoría nacional de Barones de Casey, publicada en 2025, que describe que policías y autoridades locales ocultaron deliberadamente la etnia de los perpetradores para evitar “parecer racistas” y “generar tensiones”. Casey expone que este mecanismo de evasión de datos claves para las investigaciones de los casos, no fue coordinado ni planeado, sino que fue una represión institucionalizada: registrar un patrón étnico era costoso para el trabajo de quienes lo identificaran y socialmente sancionado. 

Para comprender el por qué de la negligencia de las autoridades responsables de la investigación de los casos de Grooming es necesario entender el contexto paralelo a los crímenes y sus denuncias: el Reino Unido construyó desde los años 60 un modelo de integración basado en el multiculturalismo liberal que impulsa la convivencia de comunidades con autonomía cultural. La propulsión del modelo fue un prolongado e irregular proceso con puntos de quiebre que hacen cuestionar a los ingleses si la integración cultural se logró o si el multiculturalismo creó comunidades paralelas sin puntos en común. En este contexto es que, según Hope not Hate (2024), las actitudes hacia el multiculturalismo en Gran Bretaña están en gran parte moldeadas por las actitudes hacia los musulmanes, más que hacia cualquier otra comunidad. Frente a un clima social cada vez más tenso (en 2023 casi un tercio de los británicos consideraban que el islam era una amenaza para el modo de vida británico) los partidos progresistas, en particular el partido laborista, impulsaron el señalamiento de aquellos discursos que retrataban a la comunidad musulmana o pakistaní negativamente. Dicha posición tiene legitimas razones: Reino Unido tiene un problema documentado de discriminación contra minorías étnicas y la islamofobia es un fenómeno latente. Acá es donde es necesario aclarar que la crítica y lucha contra la discriminación de minorías no es el problema en sí, sino su extensión indiscriminada en contextos donde la variable etnica o religiosa es un dato clave para la investigación criminal y para lograr que las víctimas obtengan justicia. 

El miedo a ser interpretado como racista o islamofobo, no sólo llevó a que no se recolectan datos claves en los casos particulares, sino que tuvo repercusiones en posteriores estudios que quisieron esclarecer el panorama para tomar acción. Por un lado, un informe de 2015 comisionado por la Oficina del Comisionado para la Infancia de Inglaterra encontró que, de 1.200 perpetradores de explotación sexual infantil grupal, el 42% era blanco y tan solo el 14% era asiático o asiático-británico. Sin embargo, los datos provenían de sólo 19 de las 43 fuerzas policiales del país. Por otro lado, un análisis posterior demuestra que de 498 perpetradores condenados el 83% eran de origen musulmán, principlamente de ascendencia pakistaní. Pero los propios autores de este análisis reconocieron que su método podía ser sesgado porque la muestra utilizada era dependiente de los datos que iluminaba más la cobertura mediática. A su vez, la auditoría Casey, trabajando con datos de tres fuerzas policiales que tenían registros de etnicidad, encontró evidencia de sobre-representación de hombres de origen asiático y pakistaní entre los sospechosos. Pero todos estos análisis tienen algo en común: la falta de información y de rigurosidad porque las fuentes y datos utilizados son insuficientes para llegar a conclusiones. La etnia de los perpetradores no fue registrada a nivel nacional, más específicamente, en dos tercios de los casos totales del país. La contradicción entre los estudios demuestra que no puede establecerse un patrón étnico entre los casos, demuestra que el Estado nunca recopiló los datos necesarios para establecerlo o refutar. Esa omisión no fue un error burocrático, sino el resultado del clima institucional descrito, que aleja a las víctimas de obtener la justicia que se les debe. 

En conclusión, lo que revela el caso británico no es la mala fe individual, sino un problema estructural e institucionalizado: cuando un marco ideológico, por legítimas que sean sus intenciones, se convierte en un obstáculo para la recopilación de evidencia como principal herramienta para la justicia. El caso británico es un claro ejemplo de cómo los debates públicos sobre las etnias y religiones, y cómo estas se integran a la sociedad, pueden trascender la opinión pública y llegar a las instituciones del Estado, condicionando su capacidad de actuar. Separar el análisis del prejuicio no es racismo: los registros y el análisis ligados a la etnicidad demográfica en crímenes no equivalen a discriminación, punto que no logró ser sostenido por las instituciones británicas y sus dirigentes.