Corrupción, relato y narrativa: la crisis política en España y el uso del caso “Maricarmen”

Por: Tomas Valentino Barreto

A la izquierda, Pedro Sánchez, presidente de España. A la derecha, María del Carmen Abascal, desahuciada. 

Los hechos que todos conocen.

En España, según datos del 2026, se realizan 44,5 desahucios al día, encontrando mayor predominancia de este fenómeno en localidades como Cataluña, Andalucía o Madrid. Además, el tema de la vivienda es considerado, según varias encuestas realizadas en España, como el mayor problema que enfrenta el país. Pero entonces, ¿por qué este caso fue tan mediático como lo es actualmente?

María del Carmen Abascal es una señora de 87 años que vivía en el centro de Madrid, era heredera de un contrato de “Renta Antigua” (así se les llama a aquellos contratos firmados bajo ley franquista), por el cual su padre había alquilado por primera vez la propiedad en 1956. Luego de su muerte, su madre tomó ese contrato como primera subrogación, y cuando la misma falleció en 2005, Maricarmen tomó el contrato como segunda subrogataria. Este es el punto principal del problema legal.

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (diseñada para lidiar con contratos de renta antigua), las segundas subrogaciones a favor de los hijos solo se podían aprobar si se cumplían ciertas condiciones, entre ellas, un grado de 65% de discapacidad, de la que Maricarmen solo poseía un 50%.

La propiedad cambió de dueño en 2018 a una empresa dedicada a la compraventa de inmuebles los cuales buscaron maneras de hacer más rentable la vivienda, ya que, hasta ese momento, ese departamento, ubicado en el centro de Madrid, estaba generando solo 500 euros de renta, que era lo que pagaba (y siguió pagando) Maricarmen hasta ese momento. Para que se tenga en cuenta lo que significa este valor, sin contar impuestos, un piso para alquilar en el centro de Madrid, en gastos para el propietario puede escalar hasta los 1800-1900 euros.

Ante esta situación, se buscaron alternativas: se le ofreció comprar la propiedad por 240.000 €, cantidad que no poseía Maricarmen; luego, se buscó firmar un nuevo contrato de alquiler donde la renta escalara a 1650 euros al mes, alternativa que Maricarmen también rechazo al serle imposible pagarla. La disputa llegó a tribunales, donde se le dio la razón a la empresa al considerar que, en sus límites jurídicos, el contrato ya se había extinguido según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto propulsó varios intentos de desahucio, detenidos por presión social y suspensiones, hasta que este 23 de septiembre, Maricarmen fue retirada en camilla hasta una ambulancia, fuera de su hogar de hace más de 70 años.

 

El timing perfecto.

Para aquella persona más o menos informada, sabrá perfectamente que el gobierno de Pedro Sánchez es muy fuertemente cuestionado en España. Las críticas varían según el ángulo, pero si existe uno en donde se encuentra un acuerdo es en la corrupción sistemática que parece presentar el PSOE durante todos los años que lleva en el gobierno. En números brutos -la mayoría de investigaciones siguen abiertas- un total de 591 casos, 3864 implicados, 76 condenas firmes y un estimado de hasta 125.000 millones de euros desviados entre todos los casos de corrupción. Casos que involucran a figuras tan importantes como ex ministros, líderes de partidos, y hasta el círculo cercano de Pedro Sánchez, ya que su esposa y su hermano están imputados con condena firme por casos particulares.

Uno de esos casos tomó un giro muy reciente y obscuro para el gobierno: el de Leire Diaz, “exmilitante” del PSOE, acusada de haber buscado intimidar y entorpecer las investigaciones judiciales que se realizaban contra el entorno de Pedro Sánchez.

Leire Diaz, saliendo de los juzgados de Madrid.

La investigación de estas supuestas “cloacas” tomaron un giro escandaloso cuando, supuestamente, se encontró una conexión entre este grupo funcional al oficialismo con dos clanes de droga. Estos habrían sido contratados para intimidar a la jueza que llevaba adelante el caso de corrupción contra el hermano de Pedro Sánchez.

Estos acontecimientos ocurrieron casi en simultáneo con el caso de Maricarmen. ¿Qué hizo el gobierno entonces? Abogando haber escuchado “los pedidos de Maricarmen de un cambio”, decidió hacer uso de la narrativa para tomar las riendas de un ambiente político cada vez más hostil.

 

El fracaso político.

Pedro Sánchez declaró la situación de Maricarmen como una tragedia social, acusando al gobierno de Madrid (del Partido Popular, de derecha liberal) de inacción ante la situación del desahucio, acusación falsa, debido a que la comunidad de Madrid (se puede discutir si esos métodos fueron los adecuados o no) si le ofreció una plaza gratuita en una residencia a la señora, que ella rechazó al creer que podría mantenerse en su hogar.

Ante los reclamos de un cambio, el gobierno de Sánchez, luego de mostrar una fuerte inacción ante estos temas, buscó sacar adelante dos decretos reales de ley (no confundir con la Ley Maricarmen, propuesta por el Sindicato de Inquilina) para solucionar la crisis de la vivienda en España, con medidas que incluyen: la prórroga automática por dos años de los contratos que vencían en 2028; protección contra desahucios hasta 2030; regulación de alquiler y habitaciones de temporada; y mayores recargos en impuestos a las viviendas vacías.

Pero, ante un Congreso de Diputados en contra, las votaciones terminaron con un doloroso 178 – 172 en el primer decreto, y un 184 – 166 en el segundo, siendo rechazados ambos decretos de ley del oficialismo.

Este fracaso tuvo un efecto demasiado duro para el gobierno, que debe enfrentar elecciones el año que viene, pero que ya tiene un Congreso en contra, derrotas electorales en las espaldas, y una izquierda más radical sacándole votos de su electorado ante su “pasividad” contra estos temas. Junto a las preocupaciones de los españoles por la vivienda, se suman la inmigración (reforzada por el caso Ceuta), la corrupción sistemática del gobierno, y los problemas políticos y de índole económica que atraviesan en este momento, todos temas que el oficialismo no ha sido capaz de afrontar de forma satisfactoria para la población.

Ante esta situación, fuentes cercanas al gobierno avisan que existen fuertes posibilidades de que el ejecutivo decida adelantar las elecciones para noviembre de este año al cerrar ambas cortes ante la crisis política que están viviendo. Aunque existen otras versiones (como la de forzar la ley de presupuestos antes de que se lleve a cabo esa posibilidad), ninguna fuente del ejecutivo ha desmentido los rumores ni ha negado la posibilidad de que esto ocurra. Hasta la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha adelantado que lo hablado con Pedro Sánchez tendrá su “discreción absoluta”.

 

Conclusiones.

Distintos sondeos dentro de España ya marcan la derrota del PSOE en las elecciones venideras ante la pérdida de votos, tanto por la izquierda como por la derecha.

El intento del uso mediático de la narrativa del gobierno español terminó dejando al gobierno de Pedro Sánchez en un estado mucho peor del que se encontraba antes del mismo, revelando sus claras falencias y llevando a un doble fracaso en diputados. También a un refuerzo de los partidos de izquierda, los cuales siguen presionando al gobierno para que sea más ambicioso con sus medidas, mientras que la derecha se aproxima a una futura victoria, con el Partido Popular en la cabeza, y con Vox ocupando un tercer puesto por encima de los demás partidos que forman coalición con el PSOE.

Al momento de escrita esta nota (4 de octubre), estos detalles quedaban inciertos, pero, hace unas horas, el presidente español anunció el cierre de las cortes y las elecciones adelantadas para el 29 de noviembre, avisando a su pueblo que “Los españoles tendrán que decidir qué papel queremos ocupar en esta época”. Ante la espera de estas elecciones, solo nos queda preguntarnos: ¿La derecha ganará las elecciones contra el PSOE luego de dominar la vida política en España desde el regreso de la democracia? ¿El PSOE caerá por el peso de su corrupción y sus propios fracasos? ¿Qué cambios puede provocar en la política española? Son procesos, los cuales, parecieron acelerarse por el simple escándalo de otro desahucio más en España.