Por una política responsable

  En política, la teoría pocas veces se practica. Es así como uno de los conceptos más básicos de toda democracia, la responsabilidad de los funcionarios o, también llamada, rendición de cuentas, puede no ser aplicada de forma debida. Este término se encuentra en la profundidad de toda constitución democrática ya que, al fin y al cabo, un gobernante sin la posibilidad de recibir sanciones es un mandatario de un régimen autocrático.

  En las últimas semanas el país pudo advertir los incendios en la provincia de Corrientes. En los medios nos recordaban como el ministro de Ambiente ni hablaba al respecto ni visitaba las zonas afectadas. Claro, se encontraba con el presidente en su gira, específicamente en Barbados, para debatir entre otros temas acerca del “cambio climático”. Cambio climático en el exterior, pero no en Argentina. Así fue como, además de los llamados del ministro al gobernador correntino para que Macri “deje de criticarlo”, un influencer juntó más de $170 millones de donaciones por Instagram. Esta semana, Cabandié decidió ir a Corrientes. Casos actuales rechazados por la opinión pública, y no tuvieron sanciones (o cuestionamientos): la primera dama, con una tesis plagiada, la titular del PAMI que se fue al exterior cuando el presidente pidió que los funcionarios no se vayan o también la titular del INADI, que le ofreció a su empleada doméstica un plan social asociado a esta institución.

  Estos y otros casos no terminaron en nada. ¿Renuncia? ¿Llamado de atención? ¿Pedido de disculpas? Ninguna de ellas. Sólo un pedido de informes del Senado para Cabandié, con más datos burocráticos que otra cosa. ¿Cómo solucionar esto? No tengo la respuesta, pero es claro que seguir como estamos no debería ser una opción. 

  Si los funcionarios públicos no son sometidos a sanciones luego de sus malas conductas, ¿no deberíamos hablar ya de cargos vitalicios? Actualmente, según nuestra Carta Magna, el presidente es quien debe juzgarlos y sancionarlos, pero la capacidad de nuestro actual primer mandatario para aplicarlas es casi nula, debido al escaso capital político que tiene. ¿La oposición? Mucho no podría hacer, en un régimen presidencialista, aunque está claro que debería tener alguna maniobra, siendo representante de una gran parte de la sociedad. ¿Un régimen más parlamentarista? Observemos Perú, cuarto gabinete en seis meses. Nadie quiere eso. Quizás la búsqueda de un punto intermedio puede servir, o la comprensión total de la opinión pública por parte de los gobiernos. Tomarse las cosas en serio. En su momento lo intentó hacer con la renuncia de Ginés González García, pero para muchos, fue insuficiente.

  Pueden existir muchas causas de la falta de responsabilidad en las acciones de los mandatarios, porque ya lo vimos en múltiples gobiernos, no sólo en este. ¿Será que los políticos se creen por encima del pueblo? Es posible, pocas veces los políticos se ven interpelados por la opinión pública, y deciden, entre otras cosas, no hacer declaraciones en los momentos de más fragilidad y esperar “un tiempo” a aparecer. ¿Será porque no existen medios legales para sancionarlos? El presidente los tiene, él es el Poder Ejecutivo y tiene a disposición, siempre, la renuncia de cualquier ministro como también el Congreso, en el caso del juicio político. ¿Será por una sociedad mal acostumbrada? Podría ser que sí, actualmente la mentira y el hurto son moneda corriente en el día a día. Por más mínimo que sea, ¿quién no ha mentido nunca? La exigencia a los políticos no debería ser mucho más que la exigencia que nos damos a nosotros como sociedad porque, finalmente, ellos también son parte de ésta.

  ¿Cómo podemos hacer para que los mandatarios puedan sentir la presión (una sana presión) de responsabilidad por las acciones que practican? El gobierno es del pueblo y para el pueblo. De lo contrario, parecería ser que la rendición de cuentas se practica sólo en el voto. Esto no debe ser así. La democracia es más que una selección de candidatos en un papel. Por ello, “el pueblo” debería tener un rol de fiscalización, control y participación constante. Pero, es más, la sociedad precisa de memoria, para no olvidar los errores pasados, elegir correctamente y recordarles a los mismos o nuevos funcionarios que por esa ruta no es.

  Hasta ahora, ni esto último se ha cumplido. La rendición de cuentas no se vio en el voto, sino, ¿por qué el gobierno sigue tomando las mismas decisiones que antes del 12 de noviembre? ¿No debería haber cambiado, luego de la derrota en las urnas?

  Una vez más, insisto, la rendición de cuentas o responsabilidad de acciones se cumple no sólo ante los ciudadanos sino también, con sanciones serias que demuestren que el que está en el puesto es contingente, prescindible y secundario.

Por Valentín Olavarría