“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La Constitución, Carta Magna que rige en nuestro territorio, comienza de esta manera. Según juristas, las repúblicas son aquellas que establecen la división de poderes y un sistema de contrapesos entre las instituciones que gobiernan el país. En Argentina este régimen continúa vigente, pero parece estar deteriorándose poco a poco.
Como radiografía de nuestro Estado, es importante describir los problemas que están sufriendo los poderes políticos. Acerca del Legislativo, por primera vez desde 2009 este año el verano terminó sin que se haya realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso, es decir, 13 años de “excepcionalidad” legislativa. Además, hace tiempo no se contemplan consensos mayoritarios para la elección de ciertos funcionarios: desde 2009 no hay un Defensor del Pueblo, desde 2017 no contamos con un Procurador General titular y desde 2021 carecemos de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso del 2022, hace pocos días comenzaron a completarse las comisiones del vigente año. Sí, estamos en mayo: dos meses del inicio de las sesiones ordinarias y seis meses de la jura de los nuevos legisladores. Todo esto sin observar una cuestión estructural: la sub y sobre representación de algunas provincias en la Cámara de Diputados. En otras palabras, existen provincias que, proporcionalmente, cuentan con más diputados y otras con menos de lo que estipula la ley y la constitución nacional. Para presentar un ejemplo, Buenos Aires tiene un diputado por cada 223.215 habitantes y Tierra del Fuego uno cada 25.441 (según el censo del 2010).
En el caso del Poder Judicial, sucede algo similar. Como mencionamos, las decisiones del Consejo se hacen de a cuatro, interrumpiendo el concepto impar de las votaciones. Por otro lado, se utiliza una ley de 1997 (que parece tener poco acuerdo legislativo) para la organización del Consejo de la Magistratura que, existente los últimos años, no fue capaz de completar las numerosas vacantes que se encuentran en los juzgados federales, especialmente en Santa Fe, como afirmaron días atrás jueces de la Corte.
La situación del Poder Ejecutivo es particular, debido a que hasta el momento no se pensaba (ni se precisó) en la construcción de consensos allí dentro. Como los constitucionalistas afirman, es un poder unipersonal que recae enteramente en el presidente de la Nación. Sin embargo, no podemos esclarecer este concepto hoy ya que el presidente y la vicepresidenta desarrollan discusiones irreconciliables.
Volviendo al inicio, la república se centra en la incorporación de contrapesos entre los poderes de la nación. Pero, un requisito previo, implícito y lógico es el buen funcionamiento de cada uno de ellos. Con esto, es necesario reconstruir estos tres poderes constitucionales para luego reestablecer el equilibrio entre ellos.
Ahora bien, el valor del consenso es ineludible. Para elegir el Defensor del Pueblo, el Procurador y un juez de la Corte se necesitan dos tercios de los votos de las cámaras. Para la ley de la Magistratura, mayoría absoluta. A su vez, un cambio en la configuración de las bancas de Diputados requiere una gran aprobación ¡Y ni que hablar acerca de las reformas estructurales para crecer! Ya con el diagnóstico, hay que pensar en el cómo y con quién.
Exelente no
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