La cuestión mapuche: ¿Dónde esta el estado?

Max Weber define el Estado como una asociación política que en un ámbito territorial determinado reivindica para sí mismo el monopolio de la coacción legítima. De esta definición se desprenden múltiples elementos que pueden ser analizados por sí mismos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo que conocemos como Estado deja de cumplir con este rol?

Hoy por hoy, nuestro país atraviesa una situación que suscita enfrentamientos hasta de tipo ideológicos: comunidades mapuches reclaman para sí su tierra ancestral, Wallmapu, ubicada en el sur de Argentina y Chile. Unos lo hacen de manera pacífica y otros se manifiestan mediante la violencia, pero, sin dudas, sus expresiones generan un amplio debate sobre el reconocimiento o no de su derecho a la restitución de esas tierras. 

Lo cierto es que la cuestión mapuche ha sido reinsertada en la agenda pública tras meses de actos violentos y, en muchas ocasiones, delictivos que han sido vivenciados en la Patagonia a manos de un grupo indígena minoritario. Todo tipo de material audiovisual ha circulado en las redes sociales, donde se ven casas saqueadas y quemadas, y gente que lo ha perdido todo. Quizás ese uso indiscriminado del terror tiene el objetivo, justamente, de que más gente reconozca que hay una disputa de “soberanía”. No es menor preguntarnos: ¿Hasta qué punto es aceptable la violencia? ¿Cuál es el límite soportable por la sociedad y, sobre todo, por la clase política?

Aunque el gobierno ha entrado en negociaciones con los grupos indígenas, parece que la acción simplemente llega tarde: hace años se registran episodios encabezados por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que ha logrado avanzar gracias a la indiferencia y pasividad por parte del Estado, en contra del orden y la igualdad ante la ley. Sus actos siguen impunes y la Policía Federal sólo ha logrado encarcelar en los últimos días a un pequeño grupo, en su mayoría compuesto por mujeres y niños. Si el Estado, quien posee el monopolio de la coacción legítima, no puede (o quienes lo comandan no quieren) ejercer ese dominio en tanto y en cuando la ley así se lo demanda, los ciudadanos sólo podemos ser espectadores pasivos de un vacío que nadie llena. 

Algo aún más complicado de entender es cuál es la posición que pretende adoptar la administración de Alberto Fernández si el conflicto sigue agravándose. Cada pequeño acto de la Policía Federal en Villa Mascardi debe ser posteriormente aclarado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien una y otra vez advierte que no se busca reprimir. En la otra vereda, encontramos el caso de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la cual presentó su renuncia luego de la detención de integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu por considerarla una violación de derechos humanos. La Cámpora, por su parte, sigue expresando su apoyo hacia la comunidad mapuche e incluso hay registros de que ha enviado a algunos de sus miembros a la Patagonia como soporte. En todo caso, las posiciones dentro del gobierno siguen sin definirse y divagan entre la tibieza y una defensa poco fundamentada que roza cuestiones ideológicas. 

Sobre la cuestión mapuche, entonces, entran muchas materias en juego: la legitimidad o no de su reclamo, las garantías y derechos que la Constitución Nacional y las leyes le confieren, la (in)acción de las fuerzas de seguridad, la posición ambigua del gobierno, la politización del tema hasta llevarlo a lo ideológico, entre otros.

Mientras que la propuesta de los sectores más duros de la oposición de movilizar a las fuerzas armadas a la Patagonia parece ser extrema, ¿cuáles son las salidas que quedan para frenar la violencia? Posiblemente, el diálogo, pero se necesita también una posición fuerte y marcada de la clase política, y un reclamo por parte de la ciudadanía para que estos episodios lleguen a su fin. Sin ello, la cuestión está perdida para todos los argentinos y el Estado seguirá incumpliendo el cometido que su rol y territorio le demandan.

Briza Silva Fernández

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