Fecha: 20/03/2023
El conurbano feudal: municipios abandonados por sus dirigentes, pobreza y corrupción
En medio de las protestas contra las empresas distribuidoras de energía y en otra semana de altas temperaturas, más de 51.000 usuarios continúan sin luz y sin agua en el AMBA. Sumada a la creciente protesta popular, los cortes de calles y las denuncias presentadas contra Edesur nos llevan a reflexionar sobre la calidad de vida de aquellos que viven en el conurbano bonaerense y la notable ausencia que hay por parte los dirigentes políticos en la gran mayoría de sus municipios.
El conurbano es la zona electoralmente más relevante, integrada por 24 municipios que suman 10.800.000 habitantes: el 60% de la población de la provincia más grande del país. La pobreza infantil en el conurbano llegó al 72,7% en el último trimestre del 2020, frente al 65% de promedio en el país. Esta región muestra indicadores graves de pobreza extrema o indigencia que lejos de reducirse volvieron a crecer. Los datos del INDEC señalan que en Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la primera mitad de 2022 vivían 5.808.775 personas pobres, de las cuales 1.627.509 eran indigentes. De estos, la mayoría (1,5 millón) están ubicados en el GBA. Seis meses antes, en la segunda mitad de 2021, los pobres sumaban 5.818.156 (apenas 9.381 personas menos), pero había 1.395.082 indigentes. Es decir que, en seis meses, 232.427 personas pasaron a estar en la extrema pobreza.
Lo cierto es que este factor no es el único problema que tiene el Gran Buenos Aires. En pleno 2023, según datos difundidos por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, una cuarta parte de los hogares urbanos de la Argentina (22,8%) informaron la presencia de venta o tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio al que pertenecen. Esta situación ocurre en un 31,1% en el Conurbano Bonaerense por sobre el resto de las ciudades grandes y medianas del país. Por otro lado, los resultados evidencian mayor presencia de venta o tráfico de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad socio-ocupacional, provocando que se terminen comprando voluntades en lo más alto del poder y que se dé una protección política y una cobertura judicial.
Esto no es nada nuevo. Desde la década de los 90, en la época de apogeo del gobernador Eduardo Duhalde, comenzó a nacer un término en la Provincia de Buenos Aires que sigue vigente hasta hoy en día: “Barones del conurbano”. Esta denominación está identificada a las prácticas de dirigentes e intendentes del Gran Buenos Aires que manejan el territorio como una suerte de feudo. Entre los intendentes que por entonces eran identificados dentro de ese grupo estaban: Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingo), Raúl Othacehé (Merlo), Julio Pereyra (Florencio Varela), Mario Ishii (Jose C. Paz), Hugo Curto (3 de Febrero), Mariano West (Moreno), Alejandro Granados (Esteban Echeverria) y Marcelo Coronel (General Rodriguez). En esta categoría se podría incluir al ex intendente del Partido de San Miguel, Aldo Rico; al ex-intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Olivera; y al difunto intendente de Lanús, Manuel Quindimil. Todos ellos tienen en común que estuvieron, o incluso siguen estando, por más de 30 años perpetuados en el poder. Aquellos que no continúan en su cargo como intendente hoy siguen teniendo influencia en su municipio de origen desde una banca en el Congreso o como funcionario en algún ministerio.
Sin embargo, en una situación similar a la que está viviendo Rosario, muchos de los municipios donde los “barones del conurbano” supieron gobernar varios años, hoy se encuentran muy afectados por el narcotráfico. En la actualidad, los punteros políticos ya no tienen la posibilidad de entrar a las villas. Los desplazaron los narcos que asisten a los habitantes con comida, remedios y hasta pagan los sepelios, como también toman a los niños para usarlos como “mulas” para la distribución de la mercancía. Allí se van cultivando poco a poco las peores amenazas, que arriesgan la democracia misma y nos llevan hacia un Estado impotente.
Aunque todavía existan municipios en la tercera sección con mandatos que parecen no tener fin como Berazategui, donde el peronista Juan Jose Mussi, que llego al poder en 1987, podría ir por otro mandato en octubre de este año; o en Almirante Brown, donde Mariano Cascallares, quien hoy es diputado y ostenta el cargo de jefe comunal en licencia, quiere volver al distrito como candidato del oficialismo, todavía hay una esperanza de terminar con esto. En las elecciones generales de 2015, el partido de “Cambiemos” no solo ganó la presidencia y la Provincia de Buenos Aires, sino que también terminó de una vez por todas con algunos de los feudos del conurbano mencionados anteriormente.
Lo que parecía imposible se logró: en Quilmes, Martiniano Molina se impuso contra Francisco Gutiérrez por amplia diferencia; en Lanus, Nestor Grindetti terminaba con los más de 20 años de mandato de Manuel Quindimil y Díaz Perez; en Morón, Ramiro Tagliaferro vencía a Hernan Sabbatella; en Tres de Febrero, se impuso Diego Valenzuela.
En la actualidad, en el conurbano bonaerense Juntos por el Cambio gobierna solo cinco distritos: cuatro el PRO (Lanús, Vicente López, Tres de Febrero y San Miguel) y uno la UCR (San Isidro). Sin embargo, en municipios como Florencio Varela, donde el 70% de las calles son de tierra y aun así el peronismo pareciera que es imbatible, los escenarios mencionados anteriormente nos hacen creer que todavía hay una luz en el final del túnel que puede terminar con los bajos índices de NBI, con los asentamientos precarios, con la falta de infraestructura, con la inseguridad, entre otros cientos de problemas que padecen los varelenses día a día.
Como ciudadanos tenemos un papel fundamental a la hora de ejercer nuestro voto democrático, y si no reaccionamos a tiempo vamos a ir camino hacia la disolución completa del Estado de Derecho, pudiendo regalar así el futuro de nuestros hijos.
Por: Gerónimo Rajoy, estudiante de Ciencias Políticas en la UCA
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