El tipo de cambio diferencial implementado por la administración del ministro de Economía, Sergio Massa, no logra los objetivos de liquidación propuestos por el gobierno.
En el marco de la sequía histórica que atraviesa nuestro país, el campo no despega y, según la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña de la soja alcanzará apenas las 27 millones de toneladas, el peor volumen desde 1999.
A pesar de las medidas implementadas por el gobierno, la crisis climática avanza por sobre la realidad política. Hasta el momento, el tipo de cambio diferenciado, si bien ayuda en comparación al establecido por el Banco Central, no es política suficiente para compensar lo que han perdidos los productores.
El dólar agro o dólar soja III, se extiende hasta el 31 de mayo y su influencia abarca a un amplio sector de la cadena productora que va más allá de quienes forman parte de la exportación de las toneladas de poroto de soja.
La cotización oficial del dólar oficial del Banco Central es de $243,50, mientras que el dólar agro supone un tipo de cambio a $300. Si bien esta medida acorta la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, perjudica tanto al productor como al buen funcionamiento de la economía cambiaria.
La presente nota, busca visualizar la situación desde el punto de vista del productor agropecuario. Pero también tiene como objetivo realizar un análisis de cuál es el costo que tiene el gobierno por la implementación de dicha medida.
Comenzando por algunas definiciones
Por valor FOB (Free on board) nos referimos al precio del grano puesto ya sobre el buque que lo llevará a su destino final, a este precio se lo denomina “precio en el mercado externo” (costo de mercadería en el país de origen sumado los costos del transporte de los bienes más los derechos de exportación).
El valor FAS (free alongside ship), por su parte, se refiere al precio del grano puesto en la planta del comprador (antes de ser cargado en el buque), y que se conoce como “precio doméstico” o “valor interno” del producto.
Una empresa exportadora basa su negocio en comprar grano en condición FAS y vende en condición FOB, y la diferencia entre ambos conceptos se conoce como 'costo de fobbing' o costo de exportación que incluye los gastos en puerto.
Retomando el análisis, para evidenciar lo que recibe como pago el productor agropecuario, debemos tomar como referencia el valor en la soja en Chicago, que nos arrojaría un valor FOB, al cual se le debe descontar un 33% de retenciones, los gastos de fobbing e impuestos.
El resultado descontando todos los gastos, se refleja en dólares en las tablas del MATba, al cual para pesificar el precio el vendedor le aplica el valor del dólar agro.
Ejemplificando lo dicho anteriormente, si la tonelada de soja cotiza en la Bolsa de Chicago a 480,83 USD por tonelada, descontando las retenciones y el fobbing nos queda un valor de 387,55 USD que es lo que refleja la tabla del Mercado de Término de Buenos Aires (MATba). A ese valor se le debe aplicar el valor del dólar agro y, de esta forma, obtenemos el precio de la tonelada en pesos, que al día de hoy tendría un valor de $116,400, siendo esto lo que recibe el productor.
Con una brecha cambiaria del 100% y retenciones del 33%, los argentinos vinculados al sector terminan cobrando el producto de su cosecha a un precio final que es inferior a un tercio de lo que cobran los productores extranjeros.
Por otro lado, vale recalcar que mantener esta medida tiene un costo altísimo para el funcionamiento del propio Banco Central, ya que es el mismo el que tiene que poner la diferencia en pesos que hay entre la brecha. Esto significa que el BCRA debe emitir para cubrir ese costo, lo que se traduce a mayor inflación y como consecuencia mayor malestar.
Además, más allá de las medidas, esta semana la vicepresidente en un discurso realizó declaraciones en contra de la productividad del sector y agregó que “es un sector que no genera muchos puestos de trabajo ni muy remunerados”, cuando en realidad, es este sector el que genera el 24% del empleo privado de Argentina.
Haciendo un análisis personal, podemos afirmar que es poco lo que el gobierno conoce del sector productivo y su funcionamiento. La falta de conocimiento por parte de la política queda reflejada con cada una de las medidas que se toman y, si bien es cierto que como políticos puede que no conozcan en su totalidad la realidad, al menos deberían preocuparse por conocerla, preguntar y entablar conversaciones, no sólo con los grandes del sector, sino que también deberían de hacerlo con los pequeños y medianos productores que son los primeros a los que les afecta el resultado de las malas decisiones.
Sumado a esto, nunca nos terminamos de poner de acuerdo como sociedad en que las empresas y los sectores productivos tienen como incentivo ganar dinero haciendo lo que les gusta. Si el negocio no rindiera en cuanto a ganancias, lo esperado es que cierre sus puertas. Con el sector agropecuario no pasa lo mismo en este caso porque el producto funciona como moneda de cambio, por lo que no se toma la decisión de no sembrar, sino la de no vender. Es un problema de conveniencia.
En conclusión, luego del análisis, sólo nos queda concluir en que en un país modelo, el gobierno se preocuparía por generar las condiciones macroeconómicas favorables y duraderas para que haya un incentivo por parte de los sectores productivos y no se buscarían medidas salvavidas de último momento cuando se necesita del apoyo de quienes producen.
Por: Agustina Ponce
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