Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador por un año y medio

 Por Martina Pereyra 

    HACE un par de semanas, el empresario ecuatoriano Daniel Noboa, de 35 años, juró como presidente para el período que se prolongará hasta mediados del 2025, en medio de una situación de grandes desafíos económicos, de seguridad y sociales. Esto aconteció, luego de que, en mayo, el entonces presidente Guillermo Lasso hiciera uso del mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, disolviendo al Parlamento y convocando a elecciones anticipadas.

Noboa es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, que intentó llegar a la presidencia en cinco ocasiones diferentes. Finalmente, Daniel cumplió el sueño de su padre, al imponerse a la correísta Luisa González con el partido Acción Democrática Nacimiento (ADN) en el balotaje del 15 de octubre.

Entre las mayores urgencias del flamante mandatario, se encuentran un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares con un gasto público en crecimiento, una cifra récord de muertes violentas por causas relacionadas con el narcotráfico, y la necesidad de generar empleo y cumplir con los programas de los organismos multilaterales de crédito. El empresario, que se define como de centroizquierda, ganó prometiendo empleo y mano dura contra la inseguridad, la principal preocupación de sus conciudadanos, alejándose de la confrontación partidaria.

Un aspecto que favoreció al primer mandatario fue su edad, que permitió que pudiera formular un programa partidario enfocado en los jóvenes. Su gabinete, asimismo, estará formado principalmente por figuras de la misma generación, incluyendo a las cabezas de las carteras de Minería y Energía. Otro atractivo de su figura fue su alejamiento del perfil de un político tradicional: de pocas palabras, no se ha explayado en sus intervenciones públicas, y parece rehuirle al foco de atención. Incluso después de ser electo, ha concedido pocas entrevistas a los medios de comunicación.

Noboa comenzó su vida partidaria en 2021, cuando fue elegido asambleísta de la Asamblea Nacional que Lasso terminaría diluyendo dos años más tarde, luego de verse acorralado por un juicio político por presunta corrupción. En el cuerpo legislativo, fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y objeto de críticas por haber liderado la organización, en el marco del conflicto de Ucrania, de un viaje a Rusia de seis asambleístas. Gobernará hasta mayo del 2025, terminando el mandato que le habría correspondido al presidente destituido. Muchos analistas consideran probable que se presente para la reelección.

Pese a haber sido asambleísta, Noboa sacó provecho de su figura de “outsider”, y sorprendió en el primer debate de candidatos, cuando mostró mesura a la hora de explayarse, sin recibir ataques ni acusar a nadie. 

Un obstáculo para la gestión del flamante presidente será la debilidad legislativa de su partido, ADN, que sólo posee 14 bancas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, logró un acuerdo con la correísta Revolución Ciudadana (RC), el bloque más numeroso, y el Partido Social Cristiano (PSC), que cristalizó en la designación de autoridades del Poder Legislativo. Su objetivo es lograr gobernabilidad, algo que su predecesor no pudo hacer, y que culminó en el brutal enfrentamiento con la Asamblea que llevó a la “muerte cruzada”.

Entretanto, su gabinete continúa en el centro de las incógnitas, ya que aún no develó los nombres de algunos de sus integrantes. Cuando se le consultó al respecto, afirmó: “Nuestros ministros trataron de tener un proceso de transición suave pero no fue posible, no por los nuestros, sino por el gobierno saliente. El domingo estará la foto del gabinete completo. Ahí se enterarán”.

Los expertos dudan de la capacidad de Noboa para planificar y ejecutar acciones a largo plazo, y subrayan que deberá priorizar el corto plazo, buscando financiamiento a través de préstamos puente con organismos internacionales. Éste subrayó que, entre sus primeras acciones en el gobierno, someterá a una consulta popular temas de seguridad y sistemas de jurados para tipos penales de crimen organizado y corrupción. Aunque no precisó los detalles, debido a la fuerte crisis que atraviesa Ecuador en esta materia, parece tratarse de una sabia decisión para avanzar hacia la resolución de una cuestión que, hasta ahora, parece un laberinto sin salida.