Después de otra tragedia en el Canal de la Mancha, el parlamento británico aprobó el lunes 22 de abril una ley para deportar a migrantes de Ruanda. Tras extensos debates entre ambas cámaras, finalmente se sancionó la ley. El suceso trágico involucró a un barco con 112 inmigrantes que zarpó desde Wimereux, cerca de Boulogne en Francia. El barco chocó contra un banco de arena en el canal durante la madrugada del lunes, causando la muerte de 5 personas, incluida una madre y su hija de 7 años. La guardia costera francesa rescató al resto de los pasajeros. A pesar del incidente, al menos 50 migrantes decidieron continuar su viaje hacia Gran Bretaña. La ley fue finalmente aprobada 4 horas después de la tragedia, y el primer ministro británico declaró que esto era un "recordatorio de la importancia de mi plan".
En cuanto a la ley , proviene de la iniciativa del “plan ruanda”. Este mismo prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al reino unido de manera ilegal podría ser enviado a ruanda donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
Si las peticiones son aprobadas , a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados , permitiéndoles permanecer en el país centroafricano. Mientras que a quienes se le rechacen las solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda o por otros motivos buscar asilo en un “tercer país”. Pero bajo ningún concepto los deportados podrían volver a Reino Unido.
El primer ministro defendió dicha medida diciendo que “la aprobación de esta legislación histórica no es sólo un paso adelante sino un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración. Presentamos el proyecto de ley de Ruanda para disuadir a los migrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan. La aprobación de esta legislación nos permitirá hacerlo y dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte”
Igualmente esta acción ha sido fuertemente criticada internacionalmente ya que tanto el ACNUR, el Consejo de Europa y la ONU han rechazado la nueva legislación. Dos altos cargos de las Naciones Unidas pidieron al Reino Unido que reconsidere su plan de trasladar solicitantes de asilo a Ruanda. Ya que dicha medida tendría un impacto perjudicial en la protección de los derechos humanos y los refugiados. Filippo Grandi (alto comisionado de las naciones unidas para refugiados) mencionó: “La nueva legislación marca un paso más en la larga tradición del Reino Unido de brindar refugio a quienes lo necesitan, en violación de la Convención sobre Refugiados”.
Por otro lado, Volker Türk, (alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos), aseguró que “al trasladar la responsabilidad hacia los refugiados, reducir la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar las decisiones de expulsión, restringir el acceso a recursos legales en el Reino Unido y limitar el alcance de las protecciones nacionales e internacionales de los derechos humanos para un grupo específico de personas, esta nueva legislación obstaculiza seriamente la regla de la ley en el Reino Unido y sienta un precedente peligroso a nivel mundial”.
En lo personal, considero que la aprobación de esta ley para deportar a migrantes de Ruanda es profundamente preocupante y contraproducente. Si bien es comprensible la necesidad de controlar la inmigración ilegal y desmantelar las redes criminales que explotan a los migrantes, esta medida no aborda las raíces del problema ni garantiza una solución humanitaria y justa.
El enfoque de trasladar la responsabilidad hacia los refugiados y limitar sus derechos y protecciones legales va en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos y la protección de los más vulnerables. Además, la crítica internacional de organismos como las Naciones Unidas resalta el impacto negativo que esta ley podría tener en la protección de los derechos humanos y el trato justo hacia los refugiados.
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