La balanza no de la justicia, sino de las exactas

La histórica lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales ha sido arduamente cargada en los hombros de nuestros antepasados y gloriosamente vencida por sus sacrificios. 

No obstante, de su declaración política-jurídica a su respectivo cumplimiento fáctico, hay un largo trecho. Y es que la cruel realidad arrasa las bellas palabras convenidas en los textos legales: concretizar los derechos cuesta dinero. 

La carga económica de la existencia

El mundo que habitamos posee una característica poco romántica para nuestra fugaz existencia en el mismo. Aquella consiste en que – casi – toda acción humana que implica nuestra supervivencia tiene un trasfondo económico. 

A saber: la vivienda en la cual residimos con el objeto de forjar un legítimo centro de vida, el acceso tanto al agua potable como a la alimentación para desenvolvernos plenamente, los medicamentos y/o tratamientos que nos curan y extienden nuestro paso por la Tierra, la educación que nos forma en valores y conocimiento, el transporte que nos proporciona movilidad, el contacto con la cultura en cines, teatros, exhibiciones, etc.

La naturaleza de este mundo nos ha proveído de todo lo que constituye la esencialidad para mantenernos con vida. Aun así, también nos ha dotado de las aptitudes idóneas para permitirnos evolucionar en, precisamente, los estilos de vida; y, simultáneamente, prosperar en nuestra calidad de vida.

Es inmersos en dicha calidad de vida que ostentamos hoy en día – en mayor o menor medida, acorde a las situaciones particulares de los ciudadanos –, que ha acontecido uno de dos posibles escenarios, trágicos del mismo modo: ingenuamente olvidamos el costo que acarrea cada uno de los ejemplos precedentes, o, elegimos deliberada y ciegamente ignorarlo. 

Es decir que se necesita, indefectiblemente, de un espacio para ejercer tales actividades, los elementos para llevarlas a cabo como requieren, y, por supuesto, la labor humana que los hace posibles. 

En efecto: la vivienda debe ser no solo construida sino también enlazada con los concernientes servicios para que sea una funcional, los víveres deben ser conseguidos y/o producidos, los remedios deben ser desde encontrados y estudiados hasta elaborados y distribuidos, el aprendizaje debe estar en manos de personas preparadas con el ambiente y materiales pertinentes a su disposición para instruir acabadamente, la transportación debe ser tanto fabricada como mantenida en condiciones de operatividad, el entretenimiento debe ser fomentada con bases filosóficas y proyectada a su completa consecución.

Todos «deberes» que dependen su concreción por la actuación del hombre, y, no azarosamente, el hombre depende de ellos a fines de hacerse de su concepción de vida digna.

Cuando las cuentas no cierran 

La inadecuada gestión de los recursos ocasiona, entre muchos de sus frutos podridos, su escasez. Es la carencia de los medios para lograr nuestros fines la que nos obliga a elegir, como salvajes angustiados a causa de un porvenir desconocido e inestable, entre ellos. 

En otras palabras, es sin las piezas, sin los suministros, sin la asistencia; en suma, es sin el dinero, que no podemos gozar de una casa, de comida, de salud, de educación, de transporte, de cultura. La crisis económica fuerza al ajuste. Y el ajuste, a su vez, exige apretarse lo necesario como para que los números – medios – sean los suficientes en las cuentas compelidas a pagar – fines –. 

¿Y si de todas maneras los medios disponibles-números duros continúan siendo ínfimamente menores a las gigantescas cuentas a pagar-fines a cumplir? Pues resultaría evidente que algunas de las metas a propuestas a alcanzar tendrían que ser dejadas de lado, con la intención de poder alcanzar a las restantes o al menos una de ellas.

Es allí donde irrumpe la compleja dicotomía entre qué cuenta debería ser pagada-qué fin debería ser cumplido, ya que cada uno de ellos se erige como un derecho y su subsiguiente garantía de brindar las condiciones para que sea satisfecho. ¿Cómo elegir qué derecho es más importante? ¿Es posible, tanto en términos lógicos como legales, efectuar una jerarquización de derechos que, en la teoría, están en pie de igualdad, pero lo práctico no lo consiente?

Sería tan estimulante intelectualmente, como doloroso con su sola imaginación, el plantearse ciertos interrogantes en el ámbito de la natural relación de causa – desacertada gestión de recursos – y efecto – deficiencia de los mismos –:

Un país donde los hospitales se encuentran por poco desprovistos de insumos para los pacientes, ¿priorizaría a quienes con sus altos tributos aportan al mantenimiento de la salud pública o los nivelaría con aquellos que no solo hacen uso sino abuso constante de un sistema de acceso libre y gratuito, ocasionado el continuo colapso del mismo?

Un país donde los porcentajes de analfabetismo y deserción escolar no hacen más que crecer descomunalmente, ¿persistiría en la laxa tolerancia hacia los incesantes reclamos por parte de un grupo de docentes, generando un agujero entre la percepción de su sueldo y la irrealización de su trabajo, o se dispondría a adoptar una postura firme que asegure efectivamente los días estipulados de clase en las instituciones y su calidad de enseñanza?

Un país donde el acaecimiento de hechos ilícitos se asimiló en la rutina de la sociedad civil, ¿se empeñarían aun más los tribunales en teñir sus decisiones con concepciones beneficiosas hacia quienes delinquen, no solo en un manifiesto menosprecio a las víctimas sino también a sus deberes en el sistema judicial, o finalmente impartirían justicia en los conflictos suscitados, otorgando seguridad jurídica a la población de que la ley verdaderamente está para ser respetada?

Escenarios, indudablemente, presentes en la cotidianeidad argentina. ¿El derecho a la salud o la promoción de la igualdad? ¿El derecho a la educación o la protección del sindicalismo? ¿El derecho a la seguridad o el fomento del garantismo? 

Dilemas con una aguda carga ideológica y moral, además de con peso profundamente económico.

¿Algunos derechos pesan más que otros?

Sumidos dentro del amplio espectro de los derechos fundamentales, en el cual cada uno de ellos es reconocido como tal, junto con el correspondiente deber de ser garantizado por igual, resulta manifiesto que no se establecen rangos entre ellos ni superposiciones de unos con otros. 

Y es que realizar un acto semejante supondría avalar la superioridad – y consecuente inferioridad – de determinados bienes protegidos jurídicamente. Ejemplificando con férreas discusiones que se dieron en marcos particulares de la sociedad: la seguridad pública valdría más que la integridad física, la libertad de tránsito valdría menos que la vida, etc.

Aquello demuestra que, adoptando momentáneamente perspectivas estrictas en circunstancias de emergencia – sea de sanidad, de defensa, y, porqué no, económica – la subsistencia humana impera. Ahora bien, ¿podríamos «vivir», con la vastedad que dicho concepto acarrea, solo con las necesidades básicas cubiertas? Bajo una visión pragmática sí, aunque bajo una cualitativa desde luego que no.

Intimados como bárbaros a realizar una pseudo jerarquía entre los derechos fundamentales bajo la amenaza de una realidad económica en decadencia que imposibilita satisfacerlos en conjunto, padecemos como torpes desdichados su recorte y el menoscabo en nuestra calidad de vida. 

La irreverencia al ordenamiento jurídico, y, de la mano de la misma, a la propia existencia de los ciudadanos, no posee su origen en el golpe atestado por la penuria de recursos que nos obligó como población a intentar salvarnos con los míseros excedentes. Se incurrió en la irreverencia cuando dichos recursos fueron gestionados de un modo estrepitosamente erróneo, cuyo agravante es que fue a conciencia de que estas serían las brutales secuelas: elegir cuál derecho financiar y cuál desechar. 

Escrito por Valentina Trigona