El declive urbanístico-ambiental de la Ciudad de Buenos Aires

Por Valentina Trigona

IG: valentrigona

La gran capital de la Argentina atraviesa una paradójica contrariedad: mientras que sus servicios públicos subsisten a arduas penas, sorteando masivas demandas y desesperantes colapsos, aun así, diariamente la urbe es exigida a dar más de lo que puede soportar. Es frente a semejante sobrecarga que vecinos comenzaron a resistirse a ser testigos tanto de la venta como de la destrucción de sus hogares. 

Estatuida como una de las presentes y delicadas disputas que padecen los porteños, lejos de atisbar una justa solución pronto, se agrava día a día, avalado por una conflictiva legislación.

La decadencia de la calidad de vida

ES un secreto a voces, deliberadamente esquivado e ignorado tanto por los políticos como por la población porteña, que la Ciudad de Buenos Aires soporta, en términos demográficos, mucho más de lo que efectivamente puede sostener. Los primeros fingen que la problemática no existe, mientras que los segundos, habituados a la vorágine cotidiana y a la carencia de una respuesta gubernamental, apelan a su propia supervivencia en una sociedad cuasi anárquica. 

Pese a que dicho secreto mantiene su naturaleza de tal en la psiquis de una parte de los argentinos, en la realidad se torna muy ostensible. Prueba de ello es la alta demanda de los servicios públicos, los cuales acaban completamente colapsados al no dar abasto en vista de la cantidad de usuarios que exigen – y con razón – su prestación. A saber: los tediosos cortes de luz en verano, el cuidadoso uso del gas en invierno, la escasez de agua en ciertas zonas de la capital.

Aun así, no es necesario acudir a ejemplos que reflejan la ¿inoperancia o ausencia? estatal; basta con salir a la calle y observar el abrumador tránsito que inunda las vías a tal punto de convertirse casi en un equivalente al paso de hombre, o incluso simplemente conversar con conocidos para percatarse de lo complejo que resulta alquilar en los barrios de la metrópoli.

Semejantes conflictos contienen un agravamiento, aunque muchos podrían declarar que el mismo constituye su causa en sí misma: la (no) planificación territorial – histórica, vale aclarar – de la Ciudad. Y es frente a un escenario de expreso desamparo y consecuente caos, en el cual no demoran en aparecer los intereses particulares, ocasionando, muchas veces, un brutal choque con el bienestar de los vecinos. 

Exacerbados por la normativa urbanística

Pasos por varios barrios porteños – tal como Palermo, Núñez, Villa Crespo y muchísimos más – se han cubierto de carteles con reclamos vecinales, en los cuales rezan las demandas «No al nuevo código urbanístico», «Más verde, menos cemento» y «Emergencia urbanística ambiental».

El trasfondo de las protestas no podría sino verse íntimamente ligados con el panorama general del país: las elecciones presidenciales de 2019, la pandemia del COVID-19, y, desde luego, el constante aprieto económico, influyeron inmensamente para que los efectos del nuevo Código Urbanístico – en adelante CUR; aparte del Código de Edificación – no se viesen reflejados en la urbe de forma inmediata a su aprobación en diciembre de 2018.

Debido a ello es que el punto de inflexión podría situarse recién en el año 2021, cuando los vecinos advirtieron en carne propia la transfiguración que estaban sufriendo sus respectivos barrios. No obstante, ¿Qué fue lo que la Legislatura de la Ciudad dictó y aprobó? ¿Cuál es el agravio que denuncian los porteños? He aquí, a mi parecer, los tres puntos clave.

1.- Para comenzar, previamente a dicha disposición existía una fórmula decisiva acerca de cuánto podría construirse en un determinado suelo; aquella fue eliminada. Ahora, el Título 3 contempla las «Normas de uso del suelo», en las cuales se permite mayor densidad y mayor altura, dependiendo del área. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Las casas bajas serán colindantes a elevados edificios, alterando radicalmente la identidad del barrio, incrementando drásticamente la utilización de recursos no diagramados para tal zona, y, por supuesto, las condiciones de las viviendas más pequeñas – la pérdida de luz natural, el aumento de sonoridades y la sensación de sentirse sutilmente expulsados de su propio hogar–.

2.- Prosiguiendo, el avance sin aparente freno de los negocios inmobiliarios – puesto que están protegidos por las disposiciones legales – alcanza también los espacios verdes de la Ciudad. Pese a que los tan deseados son expresamente tratados en el Título 7 «Lineamientos del Hábitat» y el Título 10 «Instrumentos de Desarrollo Territorial y Programas de Actuación Urbanística», ¿Cuál es la realidad? Se calificaron cementerios y canteros como espacios verdes – basta el mero apelo a la lógica para saber que no son uno, creyendo muchos que se trata de un engaño malicioso a la ciudadanía –; la introducción de pequeñas canteras ubicadas la vía pública ha reducido significativamente la movilidad del transporte y los lugares para estacionar, añadiendo aún más desorden del ya existente; la controvertida disputa que continua sin resolverse ante las obras privadas que quieren realizarse en la Costanera, reduciendo el acceso a uno de los pocos auténticos pulmones verdes que poseen los porteños.

3.- Finalmente, me concentraré en el Título 9, acerca de la «Protección Patrimonial e Identidad». La letra del CUR establece definiciones, enumeraciones genéricas, criterios de categorización, niveles de protección y demás, por ende, ¿Qué estaría fallando para que sea otro punto central de queja? Los argentinos somos testigos de que, en siglos anteriores y bajo pretextos ideológicos-políticos, se ha procedido a la brutal destrucción de la arquitectura emblemática; quizás hoy los fundamentos no sean los mismos, pero continúa la sistemática negación a la importancia de la conservación y restauración de edificios históricos como parte de nuestra memoria, cultura e identidad. La tutela es meramente cautelar, imperan los derrumbes y abandonos, el financiamiento para afrontar altos costos no arriba – en la praxis, los propietarios de casas antiguas no reciben ningún tipo de ayuda económica ni exención de impuestos para su mantenimiento –. 

No es menor destacar que, los puntos mencionados, si fuesen correctamente diligenciados, podrían importar un estímulo al turismo, al consumo, etc.; no constituyendo solamente una erogación de gastos. Aun así, claro que hay muchísimos más impactos con el nuevo CUR, tal como no solo la real participación popular en el dictado de actos que afecten directamente su estilo de vida, sino que la voluntad mayoritaria y fundamentada sea respetada. 

Pareciera que quienes tienen a su cargo la gestión de la Ciudad de Buenos Aires ansían llevarla a la altura de las ciudades primermundistas, aunque erróneamente pretenden prescindir de las características que las elevó a semejante estatus: certera inversión en los ciudadanos y su calidad de vida, a través de garantizar tanto las condiciones básicas de una vivienda como los servicios de una capital eficiente, el resguardo del ambiente donde se habita, la custodia de los vestigios histórico-culturales que la hacen única.

“El que mucho abarca, poco aprieta”

Los habitantes de la Ciudad sentimos cómo comienzan a resquebrajarse los cimientos sobre la cual se erige la misma. La demora en su intervención puede ser determinante para el futuro del hogar de millones de personas. 

Resistiéndose a quedarse de brazos cruzados observando impotentes cómo impunemente – ¡recordar que es acorde a la ley! – se destruyen queridas casas, plazas, clubes, etc., una cantidad de vecinos ha optado por interponer amparos, junto con demandas judiciales. Con ello, no solo buscan la resolución de la disputa, sino que es el modo de revelar ostensiblemente a la ciudadanía la flagrante vulneración de nuestros derechos que se está ejecutando sin publicidad ni conocimiento; asimismo, se realiza el suficiente ruido como para que la opinión pública comience a constituir un factor de presión. 

Resulta difícil creer que quienes elaboraron y sancionaron el CUR no hayan previsto las repercusiones negativas que hoy sufren los vecinos. Claro que es posible que sea mera imprudencia y/o negligencia por parte de los funcionarios gubernamentales, cuyo escenario no los eximiría de culpa dado el daño que facilitaron a producirse, sobre todo en virtud de que se encuentran obligados a velar siempre por el interés público; esto es, el bienestar del pueblo. Aun así, considerando los antecedentes en nuestra historia, no sería descabellado que la mediocridad y/o dejadez de los políticos sea el origen de nuestros males.

Sin embargo, también cabe la posibilidad de que no haya sido un torpe descuido. Lejos de tal torpeza, lo que muchas personas estarían planteando es la segunda intención que pudieron tener las autoridades de la Ciudad al acoger el CUR. Vertido en un ejemplo concreto, sería el inmenso rubro de los negocios inmobiliarios. 

Lo lamentable de la presente situación, es que se prolonga la apuesta a un nocivo arquetipo de explotación de la Ciudad, cuando, por un lado, se la está dejando completamente vacía de su valor – metafóricamente, teniendo en cuenta que lo único que se hace es sobrecargarla, al punto de provocar su desmoronamiento, como actualmente presenciamos –; por otro lado, tenemos la fortuna de poseer un gran y vasto país. ¿Por qué se insiste con abusar de lo que puede ofrecer la Ciudad, pudiendo emprenderse el desarrollo de muchísimas otras ciudades, localidades, municipios?

La preservación de la Ciudad no viste un tinte político, sino que es la preservación de nuestra salud, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro confort; en definitiva, de nuestra vida. La lucha por ella, y, en consecuencia, por nosotros, jamás estará perdida, porque jamás podrán despojarnos de lo que es nuestro. Se harán sacrificios, se cometerán agravios, pero, tarde o temprano, la verdad y la justicia prevalecen.