El 18 de julio de 1994, un devastador atentado terrorista sacudió la ciudad de Buenos Aires y marcó un antes y un después en la historia Argentina y su comunidad judía. Aquel día, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en el corazón del barrio Once en Pasteur al 600, fue blanco de un ataque que cobró la vida de 85 personas e hirió a 300 más. Este acto de violencia indiscriminada no solo dejó una profunda huella en la sociedad argentina, sino que también desató años de investigaciones, controversias políticas, reclamos por justicia que aún perduran y un sentimiento de impunidad que año tras año se siente más profundo. Treinta años después, el recuerdo del atentado a la AMIA sigue resonando como uno de los episodios más trágicos y dolorosos en la memoria colectiva del país, siendo el atentado terrorista más grande de la historia argentina y contra esta comunidad.
Este acto de violencia indiscriminada no solo causó un impacto inmediato y devastador en la sociedad argentina, sino que también desencadenó décadas de dolorosas investigaciones, disputas políticas y un clamor incesante por justicia que sigue resonando hasta hoy.
A treinta años de aquel trágico suceso, el recuerdo del atentado a la AMIA continúa marcando uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la memoria colectiva del país. Además de ser el mayor ataque terrorista en la historia argentina y contra esta comunidad. Este evento ha dejado una profunda huella emocional y una persistente sensación de injusticia entre los afectados y la sociedad en general.
Todo esto nos hace preguntarnos: ¿Quienes están acusados? ¿Quienes han sido detenidos? ¿Quienes no lo han sido? ¿Por qué no se ha llevado a cabo un juicio por esta causa? Partiendo de la base, la causa "AMIA" se divide en tres expedientes: uno principal, contemporáneo a los hechos, que encabezó la primera investigación del atentado, y dos expedientes adicionales relacionados con el encubrimiento del mismo y las investigaciones posteriores. En este contexto, el primer expediente estuvo bajo la dirección del juez federal Juan José Galeano, quien determinó inicialmente que el atentado había sido perpetrado mediante el uso de un coche bomba. Además, fue él quien ordenó la detención y el procesamiento de los presuntos propietarios del vehículo implicado.
Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones y el juicio oral, salieron a la luz una serie de encubrimientos que implicaban tanto al juez de la causa como a los fiscales a cargo. En 2003, el magistrado Juan José Galeano, junto con los fiscales y los funcionarios de inteligencia vinculados al caso, fueron apartados de la causa debido a las numerosas irregularidades encontradas en la investigación. Posteriormente, en 2019, Galeano fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento del caso. Y en el mismo año, se condenaron a los fiscales y los responsables de las agencias de inteligencia que trabajaron cuando la causa ingresó a los expedientes judiciales.
De todas formas, la gravedad de la situación no se limita únicamente a la corrupción y la falta de ética profesional en el sistema judicial, sino que también involucra acusaciones dirigidas a dos presidentes argentinos. Por un lado, el entonces presidente, Carlos Menem, fue acusado y, posteriormente, absuelto de obstaculizar la investigación, presuntamente exigiendo al juez que no profundizara en la "pista siria", que vinculaba a una persona cercana al círculo familiar de presidente en el caso. Por otro lado, en 2023, la Cámara Federal de Casación ordenó que se juzgara a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debido al famoso Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán.
Sin embargo, a pesar de que se condenaron a 9 personas por encubrir la causa, en el expediente principal no hay ningún detenido ni condenado como presunto responsable material e intelectual del ataque. Incluso, cuando en el expediente principal hay un pedido de captura internacional de once acusados, de los cuales nueve de ellos tienen una solicitud de captura “roja” por parte de Interpol.
Treinta años después y a tres meses de un nuevo aniversario del acontecimiento, la Cámara Federal de Casación confirmó la responsabilidad del atentado a la organización terrorista Hezbolá y declaró que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad, en respuesta a las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas. Esta decisión de la justicia argentina establece que los delitos cometidos son imprescriptibles, permitiendo así que la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas del atentado continúe. Sin embargo, este fallo no se enmarca en un juicio contra los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, sino dentro de una investigación que sigue indagando sobre posibles pruebas de encubrimiento por parte de los primeros funcionarios encargados del caso.
Recientemente, la administración del presidente Javier Milei, frente a su clara posición sobre los hechos y su cercanía a la comunidad judía, ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para regular los juicios en ausencia. Esta iniciativa, que busca modificar el código Procesal Penal Federal, busca poder juzgar a imputados que no se encuentren presentes en el proceso, permitiendo así que se juzguen a los iraníes acusados en la causa AMIA.
Más allá de los avances en la causa durante este último tiempo, el sentimiento de injusticia e impunidad sigue presente para todas las familias que perdieron a sus seres queridos aquel día. “Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para el otro lado, colmado de falencias, demoras y errores”, sostuvo el presidente de AMIA, Amos Linetzky, en el acto central organizado por AMIA, DAIA Y Familiares de las Víctimas de este año.
La tragedia no solo significó una pérdida irreparable de vidas humanas y el sufrimiento físico y emocional de cientos de personas, sino que también reveló las vulnerabilidades en la seguridad y la capacidad del estado para proteger a sus ciudadanos. A lo largo de los años, se han sucedido diversos intentos por esclarecer completamente lo sucedido aquel día, pero las respuestas definitivas y la justicia completa aún parecen esquivas.
Mientras la memoria del atentado perdure en la conciencia nacional, también lo hará el firme compromiso de honrar a las víctimas, de nunca olvidar lo ocurrido y de seguir buscando la verdad y la reparación que aún se anhelan.
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