¿Quién es Lijo?

Ariel Oscar Lijo, de 55 años, es un abogado y juez federal del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. Fue nombrado por Néstor Kirchner en 2004 y desde entonces ha tenido a su cargo diferentes causas muy polémicas que involucraron a altos funcionarios de diferentes administraciones. En marzo fue elegido por el presidente Milei para ocupar uno de los cinco puestos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su postulación ha reavivado un amplio abanico de denuncias y más de 400 acusaciones de corrupción y demora de las causas a su cargo. En la audiencia pública del miércoles pasado, debió defenderse y contestar a las preguntas de los 17 senadores de la Comisión de Acuerdos, pero algunos opinan que se le ha tratado con cuidado: se le han aceptado todas las respuestas ambiguas y evasivas, ¿Como de otra manera podría haber salido tan limpio dado su historial?

Su intachable carrera

    Pero, ¿cuál es ese historial? No es tan hablado en los medios los pormenores de su carrera como juez, pareciera haber un entendimiento de que es un corrupto sin dar demasiadas explicaciones. Es evidente que la necesidad del gobierno de que Lijo sea aceptado lo lleva a encubrir estos detalles… Empecemos. Tuvo a cargo la causa por pago de coimas por U$S100 millones por el contrato de impresión de DNI e informatización de fronteras a Siemens, conglomerado de empresas alemanas a nivel mundial, donde fue probada la culpabilidad de 17 empresarios e intermediarios, pero casualmente de ningún funcionario público (del gobierno menemista), es decir, de ninguno de los que cobró esos millones. También casualmente, uno de los imputados, Carlos Corach, ex ministro del Interior e “íntimo” amigo de Lijo, también fue absuelto. Sigamos. También investiga (todavía) la reestatización de YPF de Cristina por una denuncia de Carrió en 2007 -que también lo acusó en la audiencia de falta de ética- y la reestatización de YPF en 2012 por la que hoy estamos pagando. No dio ninguna explicación sobre esta demora, más allá de “es complejo” y “dependemos de diligencias en el exterior”. 

    En el quizá más polémico de los casos tenemos el desvío de U$S2 millones del Fondo Fiduciario Provincial a la empresa Old Fund vinculada al exvicepresidente Amado Boudou, este salió condenado (no quedaba otra), pero su contraparte, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, no. Lijo declinó la competencia de la causa a la provincia del acusado y salió limpio. El detalle está en que esperó tres años para declarar la incompetencia, durante el gobierno Macri, al asumir Alberto, tiró los tres años al tacho. Igualmente, los Macri no se salvan. Lijo tiene a cargo la causa de gestiones de funcionarios a favor de Correo Argentino de los Macri sobre el cual expresó que es un expediente en trámite lo que le impide expedirse dado que puede afectar la “intimidad y honor” de los imputados. En cuanto a causas históricas, ha llevado a cabo investigaciones contra la última dictadura e incluso el asesinato de Rucci del cual descartó culpas de la Triple A, pero sostiene “la imposibilidad de proceder con la acción penal debido al paso del tiempo”. 

    Podríamos seguir nombrando, pero creo que el punto ha sido planteado. Por supuesto que ante esta impresionante carrera también hay denuncias en su contra. En la causa Siemens se lo investigó por su relación con Corach, pero la acusación fue archivada por Alberto Lugones sin solicitar ninguna medida de prueba (Lijo es jefe de su hija en su juzgado). También fue investigado por enriquecimiento ilícito y por poner propiedades a nombre de su hermano, Alfredo Lijo, pero el Consejo de la Magistratura cerró los expedientes. Elisa Carrió volvió a denunciar a los hermanos en 2018 por las mismas causas y por garantizar impunidad a empresarios y funcionarios. Fue cerrado en 2021. Hay otras denuncias desde el Colegio de Abogados y otras recientes que aún no han avanzado. Por supuesto Lijo puede declarar “no hay pruebas en mi contra” con total impunidad. De lo que hay pruebas es de que le han allanado el camino para seguir donde está. 

Los (infortunados) dichos en la Audiencia

    ¿Cómo será la actuación de un juez de estas características cuando llegue, si es que llega, a la Corte Suprema? ¿Podemos esperar otra cosa aparte de más corrupción? La respuesta lógica es no. Pero no hace falta la lógica o la intuición, están sus propias palabras. En la audiencia se le preguntó cuál sería su accionar en la Corte ante ciertos dilemas, su mirada sobre la justicia. Al igual que frente a las acusaciones, sus respuestas fueron ambiguas, además confundió conceptos básicos, como decir que la coparticipación debe intentar cambiarse por mayoría, que el recurso extraordinario debería correr, aunque no fuera una cuestión federal, y sugirió invasiones a tareas propias del Consejo de la Magistratura. Tampoco fue claro acerca de la autonomía de la Ciudad y la situación de los jueces nacionales. No tomó posiciones, y al hacerlo, dejó en claro todo. No habrá seguridad jurídica clara con este señor. 

    Quizá lo más grave que se le escuchó fue en cuanto a su protegido, Insfrán, y la reelección indefinida en las provincias. Declaró que vivimos en un país federal y las provincias son libres de elegir su propio sistema. Se ve que desconoce el último fallo de la Corte en San Juan cuando estableció: “Que el equilibrio entre los valores del federalismo y aquellos que sustentan el sistema republicano explican que esta Corte intente ejercer su atribución de revisión judicial de las normas o actos provinciales con prudencia, limitando las declaraciones de inconstitucionalidad a los más excepcionales supuestos, pero sin soslayar la gravedad institucional que podría suponer convalidar comicios con ofertas electorales inconstitucionales”. El federalismo no evita que la corte haga respetar la Constitución. Para Lijo sí. 

¿Hay posibilidad de que llegue al cargo?

    Villarruel y Macri han declarado su disgusto por la candidatura. La vice afirmó que Lijo “no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte”, el expresidente que “nominar a alguien que ya genera un debate enorme es una decisión que no entiendo”, “es un error”. Pero Milei afirma que Lijo “es el único que puede visibilizar la reforma que necesitamos hacer en el sistema judicial”. Lijo es el precio a pagar por postular a Mancilla, un académico respetado y prestigioso, todo lo que el kirchnerismo rechaza. El oficialismo necesita 9 de 17 firmas de la Comisión para pasar al Senado, se rumorea que Lijo ya tiene 3 de esas rúbricas confirmadas y que el resto se da por hecho; el problema son las nueve para Mancilla. Sin embargo, cada vez es más sonado que “el número está”. Pero ¿bajo qué condiciones?

    El bloque kirchnerista prepara el pliego de exigencias para aceptar a los candidatos, mientras que el radicalismo se retira de la negociación para esperar a esa resolución. Se rumorean dos opciones. Una es cambiar a Mancilla y que los K propongan un miembro. Esta opción parece ser inviable: nadie quiere aceptar un candidato de ellos, por algo Milei (con recomendación de Lorenzetti) decidió hacer el trabajo sucio de ponerlo por ellos. Además, el ejecutivo ya ha planteado un ultimátum: o los dos o ninguno. La segunda opción es la aprobación de ambos a cambio de un paquete de cargos judiciales, que incluye 140 juzgados federales vacantes y la ampliación de la Corte. La senadora mendocina Sagasti (UP) reivindica la media sanción de 2022 de 15 miembros, que no había llegado a término en su momento. 

    La realidad es que no hay plazo para la aprobación, puede dilatarse hasta la renovación del Senado del año que viene. Y no hay panorama de que el dictamen salga pronto. El oficialismo, como ha mostrado las últimas dos semanas, carece totalmente de habilidad parlamentaria y prefiere echar a sus legisladores públicamente que llegar a acuerdos. Considera que los decretos son mejores, pero para aprobar a Lijo eso no sirve. Ya han expulsado a Arrieta de diputados y a Paoltroni de senadores, aunque ninguno de los dos hizo mucho para mantener su lugar en el bloque. Paoltroni dejó bien clara su oposición al juez y no aceptó callarse como Santiago Caputo se lo sugirió. El miércoles, una hora después de un tweet del Gordo Dan que amenazaba “levantá ya tus cosas que te vas”, recibió la notificación. Villarruel, su único respaldo, lo contuvo, pero no podía hacer nada. Decisión tomada. 

    Mientras tanto, Lijo se ha estado juntando con casi todos los 72 senadores para explicarles su postura luego que desde el gobierno le dijeran que los votos iba a tener que juntarlos por su cuenta. Los números no cierran. A Macri también le preocupan los problemas legislativos del gobierno y se lo ha expresado al presidente en las últimas reuniones. Pero sobre todo, la sonada de una ampliación de la Corte le disgustó. Sin embargo, los entendidos sobre la última cena de las dos personalidades dicen que Milei le ha asegurado que su posición siempre ha sido mantener la Corte como está. El problema es que si no es por ahí, ¿por qué otros pedidos se desarrollará la negociación? No lo sabemos. Al final, se dice mucho, pero no sabemos nada. 

Por Sofía Alonso