Luces y sombras del proyecto que no prosperó: un análisis sobre la Ley de Ficha Limpia

Autoras: Catalina Bossatti y Maria Josefina Ibarreta

La Ley de Ficha Limpia estuvo en boca de todos desde que fue rechazada en la Cámara de Senadores el pasado miércoles 7 de mayo. El inesperado voto de dos senadores misioneros fue lo que dio vuelta el tablero, en donde se necesitaban 37 votos para lograr la aprobación del proyecto de ley y quedaron a sólo uno. Tras una álgida sesión, tanto en distintos medios como en redes sociales se dispararon una serie de acusaciones cruzadas entre Milei y miembros del PRO intentando señalar con el dedo al culpable de este fracaso político ¿Cómo es posible que accedieron a tratar la propuesta si no tenían los votos? Algunos dirán impericia, otros complot, otros traición. Sea el adjetivo que sea, les proponemos dar un paso atrás y analizar: ¿Qué es la ley de ficha limpia? ¿Qué implicancias tiene en el sistema político? ¿Es realmente beneficioso para la ciudadanía?

Las promesas:

La noción de Ficha Limpia surgió hace ya varios años, impulsada por la ciudadanía, con el objetivo de establecer mecanismos que promuevan la transparencia en el sistema político argentino. Particularmente, este proyecto de ley tiene como antecesor inmediato a la ley ‘Ficha Limpa’ brasileña, aprobada durante el mandato de Lula Da Silva en el año 2010 tras una petición ciudadana que logró recolectar 1.3 millones de firmas. Leyes y mecanismos de este tipo existen también en diversos países: desde países europeos como España, Francia y Países Bajos hasta países hermanos como Chile, Uruguay y Perú. Con diferencias en la naturaleza del delito, grado de sentencia y duración de la inhabilitación, todos incorporan medidas que limitan los derechos políticos tras ser procesados y/o condenados por la justicia de su respectiva nación.

Muchos de los argumentos en torno a ficha limpia se relacionan directamente con la promoción de la calidad institucional. Este es un tema pendiente en América Latina. A menudo, la región es caracterizada como desigual y con altos niveles de corrupción, donde la confianza en las instituciones cae a pique y genera una grave crisis de representación que cada vez cuesta más canalizar mediante mecanismos políticos tradicionales. Al menos 20 son los mandatarios en la región que en los últimos 30 años han sido procesados y condenados por causas relacionadas a la corrupción. Esto nos hace pensar sobre los mecanismos tiene a disposición la ciudadanía a la hora de garantizar que, quienes los representan, deban cumplir con un mínimo de idoneidad para poder aspirar a un cargo público.

Este proyecto de ley de ficha limpia en particular prohíbe la postulación a cargos electivos para condenados en segunda instancia, hasta 180 días antes de las elecciones. Para tener una comparación, este tipo de leyes en otros países es más exigente: mientras que en España la Ley Orgánica 3/2011 que modifica el Régimen Electoral General dicta que son inelegibles “b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.”, en otros países como Uruguay “la ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría” (Art. 80.2 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay). Es decir, se sentencia la inelegibilidad al cargo en instancias previas a la condena firme, condición la cual es la única contemplada en la actualidad por el sistema argentino para evitar candidaturas ligadas a la corrupción dado que impera la presunción de inocencia (ligado al art. 18 de la Constitución, tratados internacionales y otros instrumentos legales).

De esta manera, leyes como las de ficha limpia son un recurso más a disposición de la ciudadanía para asegurar que existan instrumentos que promuevan la transparencia y la calidad institucional.

Las dudas:

Ahora bien, sin perder de vista lo analizado anteriormente, resulta relevante tener en cuenta los efectos que esta ley podría tener (y que ciertos actores esperan que tenga) en la arena política. En este sentido, se puede afirmar que el proyecto tiene un fuerte componente estratégico desde el punto de vista de algunos grupos, y que el mismo pretendía usarse como recurso político con un objetivo claro.

Que el proyecto de ficha limpia se encuentre encabezando la agenda pública en año electoral no es casualidad. En el caso de que este proyecto de ley hubiese sido aprobado, la oposición habría visto dificultada o restringida su participación en el sistema político. Si bien la denuncia de corrupción y el mal desempeño de políticos de larga trayectoria ha sido parte de la plataforma política de Javier Milei, la propuesta puede ser entendida como una medida efectiva que podría sacar del juego político a actores que conservan apoyo electoral y poder político, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Esta urgencia de influir en la realidad se vuelve clara incluso en los eventos ocurridos recientemente: si bien el proyecto se descartó en el Senado, se busca tratarlo nuevamente este año impulsando una propuesta que no modifique el Código Electoral, sino que ahora se reformule el Código Penal.

En este momento resulta conveniente recuperar el caso del país vecino, donde se pueden vislumbrar ciertas diferencias y similitudes. En primer lugar, la iniciativa fue aprobada en Brasil a partir de la organización entre diversas entidades de la sociedad civil, a diferencia del proyecto tratado este año en el Congreso de la Nación, el cual fue presentado por el mismo Poder Ejecutivo. A su vez, desde el punto de vista del diseño de ambas propuestas, se puede ver que en el caso de Brasil las condiciones para la postulación son más exigentes que en el proyecto de Argentina. En base a estas dos cuestiones se puede llegar a pensar que el proyecto en Argentina responde más a intereses de un grupo en particular que a una preocupación real por mejorar la calidad de nuestra democracia.

Una última arista a tener en cuenta para analizar la ficha limpia en este contexto político es analizar los problemas de pensar esta iniciativa como una solución definitiva a la situación que atraviesan muchas democracias en latinoamérica. No hay evidencias de una mejora efectiva en las democracias a partir de la implementación de este tipo de medidas en países de América Latina con características coyunturales e institucionales similares al caso argentino. Esto lleva a preguntarse si la solución que se plantea para mejorar la calidad institucional es correcta, o si quizás dichas soluciones se deberían enfocar en el funcionamiento de otras instituciones como ser el Poder Judicial. Es decir, ¿la lectura del problema y su consecuente propuesta es correcta, o la ficha limpia es sólo una medida fácil de implementar y conveniente en términos políticos?

En conclusión, si bien este tipo de medida podría implicar un avance en términos de una mejor calidad de la democracia argentina, los casos donde estas fueron implementadas no arrojan resultados claros en cuanto a resultados efectivos. Cabe preguntarse si el diagnóstico que se le da al problema de la corrupción en América Latina puede ser atacado con este tipo de leyes, sin hacer una revisión de fondo del funcionamiento de instituciones como el poder judicial. A su vez, no se debe perder de vista que el fin último de la posible implementación de ficha limpia en Argentina no sólo consiste en una protección a las instituciones democráticas. El uso político de la medida es a todas luces un factor importante que impulsa esta iniciativa.