La reforma laboral volvió al epicentro de la opinión pública en el país. Con la sanción y promulgación de la Ley de Modernización Laboral N 27.802, impulsada por el oficialismo y aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso.
El proyecto fue tratado primero en Diputados y luego en el Senado, modificando puntos como la rebaja del Impuesto a las Ganancias, recortes de fondos sindicales y eliminación sobre las licencias médicas, el proyecto se convirtió en ley en marzo del 2026.
Pero, la promulgación no cerró el debate.
¿Cuáles son los puntos claves de estas modificaciones?
El banco de horas habilita que las horas trabajadas fuera de la jornada habitual no se paguen como hora extra, sino que se compensen con tiempo libre o acumulen como días de descanso. Para el empleador, esto genera previsibilidad y para el trabajador, que dependía de ese ingreso extra como un ingreso más para llegar a fin de mes, una pérdida.
El Fondo de Asistencia Laboral crea un fondo común destinado a cubrir costos de indemnizaciones, sustentándose del 3% de las contribuciones patronales. Sin embargo, tiene dos condiciones que limitan su alcance: solo cubre a trabajadores registrados y con al menos doce meses de antigüedad. En un país con el 43% de empleo informal, esto deja a casi la mitad de los trabajadores fuera de alguna protección.
La base de cálculo de las indemnizaciones también se modifica. Con la reforma, se toma como referencia la remuneración mensual normal, excluyendo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones. Lo que claramente, reduce el costo del despido para el empleador.
Las nuevas disposiciones sobre licencias médicas establecen dos niveles de remuneración durante una enfermedad: 50% si la imposibilidad proviene de alguna actividad que fue “voluntaria y riesgosa para su salud” o el 75% por períodos de 3 o 6 meses según personas a cargo.
Para el oficialismo, esta reforma representa una modernización en las relaciones laborales. Con el argumento de la existencia de una “industria del juicio” que desincentiva la contratación formal, plantean que reducir las “trabas burocráticas” generará más empleo en blanco. Tal como lo manifestó el Ministro de Economía Luis Caputo en el programa Carajo “Al bajar las cargas sociales, primero, el empleador puede ser más competitivo porque bajaron sus costos y, segundo, se reducen los incentivos de contratar en negro, ya que van a pagar sólo 2% de cargas sociales”.
La oposición, en cambio, denuncia que la ley rompe con el principio de progresividad de los derechos sociales. Desde esta perspectiva, lo que para el oficialismo es “modernización”, es en realidad una desprotección a los trabajadores y un aumento de poder hacia el empleador.
Pero, como se señaló anteriormente, esto no termina con la promulgación presidencial. A partir de una demanda impulsada por la CGT solicitando la declaración de inconstitucionalidad, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N 63 resuelve suspender de manera provisoria una parte importante de la nueva ley. El gobierno apeló. La ley entra en vigencia nuevamente.
Actualmente, la CGT recusó a los jueces que fallaron contra la Reforma Laboral, pidiendo la nulidad del fallo.
La pregunta, entonces, deja de ser política para volverse concreta y cotidiana: ¿Quién absorbe el impacto de estos cambios? Los datos dan una pista. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al cuarto trimestre del 2025, el 43,0% del empleo en Argentina, es informal. Y el 7,5% de la población económicamente activa está desempleada. Una encuesta de Ipsos de Marzo de 2026 indica que el desempleo es la principal causa de preocupación de los argentinos, mencionado por el 60% de los encuestados.
En este contexto, la desocupación y la informalidad son las herramientas de presión que debilitan cualquier intento de negociación individual. Un trabajador que teme perder su empleo, y que representa su mayor preocupación, no negocia condiciones, las acepta. Y es precisamente en ese escenario de vulnerabilidad donde esta reforma entra en vigor.
En un mercado laboral con alta desocupación, la reducción de la protección del trabajador no va a generar más empleo, sino que refuerza la asimetría de poder entre quien ofrece trabajo y quien lo necesita.
En este tipo de reformas, los costos se sienten inmediatamente, sobre el trabajador que pierde horas extras, el que es despedido con una indemnización más baja, así como costos políticos para el gobierno.
Las últimas encuestas parecen sugerir cierto síntoma. Según el último sondeo de Zuban Córdoba, el 47,7% de los encuestados redujo o retiró su apoyo por su situación económica, y el 60,7% rechaza la posibilidad de reelección del oficialismo. La reforma no es la única causa, pero tampoco es inocente. Por ahora, los que pagan los costos son los mismos de siempre.
Autora: Oriana Requelme. Lic. en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.
@orirequelme
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