Por Santiago Argañin
Un apagón que se extendió en al menos 20 de los 23 estados venezolanos dejó incomunicada a la población de ese país este viernes, durante más de veinte horas. Aunque los cortes de energía no son una sorpresa para los habitantes, esta vez fue en simultáneo en casi toda Venezuela. Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información del régimen, responsabilizó y denunció un “sabotaje” a la red eléctrica perpetrado por la oposición. Sin presentar pruebas, claro.
Con esa misma certeza, hace poco más de un mes que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Cuando les reclamaron las actas que acreditaban esa victoria, denunciaron que un ciberataque proveniente de Macedonia del Norte había vulnerado el sistema de votación; una acusación tan veraz como imaginar a Edmundo González Urritia cortar los cables de las principales usinas del país para provocar un apagón.
En esos últimos días del mes de julio, al régimen de Maduro le quedaron pocos amigos si de apoyo internacional hablamos. Rusia, China, y un puñado de autocracias del mundo no le dieron la espalda a su socio; pero la pérdida de apoyo de antiguos aliados a la causa bolivariana en la región, y la postura de Colombia y Brasil fue un golpe que se sintió. El presidente de este último, Lula da Silva, afirmó hace apenas unos días que no reconocerá los resultados hasta que no se presenten las actas, y que Nicolás Maduro tendrá que “asumir las consecuencias” si eso no ocurre.
Por aquel fraude electoral, la oposición ha convocado a multitudinarias marchas en Venezuela y alrededor del mundo. En Caracas, son encabezadas por la líder de la oposición, María Corina Machado. En la última, ejecutada el 28 de agosto, al cumplirse un mes de los comicios, prometió forzar y “hacer ceder al régimen” para que acepte los resultados, luego de que el Tribunal Superior de Justicia venezolano —y adicto al chavismo— ratificara el sospechado resultado.
El régimen responde con marchas en simultáneo, pero, sobre todo, con represión. Incluso por redes sociales se atestigua como las fuerzas policiales y parapoliciales arrestan, persiguen y secuestran opositores. Principal razón por la que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, no asiste a las manifestaciones y se encuentra “resguardado”. En las últimas horas, para sumar, la Fiscalía de Venezuela emitió una orden de detención contra el excandidato opositor “por peligro de fuga”, entre otros supuestos delitos de los que se le acusa.
Pero ¿Vale la pena arriesgar la poca libertad que queda? Una revuelta por el descontento popular podría ser una de las salidas más viables a la crisis, si además sigue aumentando la represión. Matías, un periodista venezolano que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias, acepta este punto, pero asegura que “la única solución a la crisis es una negociación entre la oposición y el régimen”.
Ese acuerdo podría incluir una “transición ordenada”, y el asilo de Maduro y algunos de sus socios políticos —y económicos — en algún país con el que tengan afinidad ideológica. Sin embargo, el fin de esta injusta historia también podría ser otro: existe la posibilidad de que el régimen continúe y se perpetúe en el poder, a pesar de su ilegalidad y escasa legitimidad; o bien podría solucionarse esta cuestión mediante un golpe de Estado, quizá lo más improbable teniendo en cuenta la adhesión de los altos mandos militares al gobierno chavista.
Aquí cada día cuenta. Las manifestaciones, denuncias internacionales y el cuestionamiento de algunos líderes a las maniobras de Maduro para mantenerse en la presidencia están en el centro de la escena, intentando dar a Venezuela una salida lo menos dañina posible, si eso existe, para comenzar su reconstrucción. El lema opositor es, además, una afirmación basada en experiencias anteriores: esta vez, estimados venezolanos, la lucha es #HastaElFinal, para que Venezuela no se apague y vuelva a brillar.
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