El pizarrón no borra el conflicto

Autora: María Eva Gasparri.

En Santa Fe, la relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y los gremios docentes está atravesando un momento delicado, no se trata de una discusión salarial más. Esto es solo la punta del iceberg, pues lo que está en juego es mucho más profundo; es la concepción misma del rol del Estado, del trabajo docente y del futuro del sistema educativo provincial.

Desde que el actual gobernador asumió el poder, ha mostrado  una postura dura frente a los reclamos de los gremios docentes. Se publicita como un dirigente que vino a poner orden, a ajustar cuentas y a cortar con ciertos “privilegios”. Sin embargo, este discurso  se cae cuando miramos lo que realmente pasa en las escuelas: aulas saturadas, sueldos que no alcanzan y un malestar docente debido a que el Estado no los cuida, sino que los apunta con el dedo. Cuesta no pensar en aquellos años en que el socialismo en Santa Fe posicionaba a la educación pública como eje central, como política de Estado y no como gasto a recortar.

Uno de los principales focos de conflicto es la reforma previsional que impulsa el gobierno, ya que la iniciativa modifica sustancialmente las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación, alargando la edad para acceder al beneficio y cambiando la fórmula de cálculo del haber jubilatorio. Más allá del debate técnico, lo cierto es que estas medidas generan un profundo malestar. ¿Quién puede enseñar con compromiso y vocación hasta los 65 o 70 años, en condiciones laborales cada vez más exigentes?

Esta desafortunada propuesta del gobierno ha avanzado sin dialogo ni consenso, escudándose en la famosa “sostenibilidad fiscal”. Pero lo que no se dice es que ese déficit de la Caja de Jubilaciones no lo generan los docentes; sino el Estado el que durante años no aporto lo que correspondía .Y, como suele pasar, ahora quiere que la factura la paguen los de siempre; los que están en las aulas todos los días, sosteniendo la educación con sueldos bajos y cada vez más exigencias.

Incluso se suma una política salarial que parece pensada más para enviar señales a los mercados que para resolver las urgencias de las aulas. Las ofertas del Ejecutivo no contemplan lo perdido frente a la inflación, ni reconocen la deuda de 2023. En este contexto, una solución del gabinete fue la implementación del “Premio a la Asistencia Perfecta” , un claro caso en el que en lugar de mejorar las condiciones laborales y salariales, se apremia con bonos a quien no falta; en otras palabras, una suerte de presentismo encubierto. Así es como se ignoran las razones estructurales del ausentismo, que muchas veces tienen que ver con la sobrecarga de trabajo, la salud mental o la necesidad de tener más de un empleo para llegar a fin de mes.

Por otro lado, los gremios han respondido con medidas de fuerza, pero con diferencias entre ellos: mientras AMSAFE mantiene una postura firme, SADOP aceptó la última  oferta, y por mas que sigan en lucha por mejoras salariales, se sigue evidenciando una fractura en la unidad sindical. La misma, debilita la lucha y fortalece al gobierno, que aprovecha para mostrar un panorama bajo control.

Se reconoce que la situación económica es compleja, que los recursos son escasos y que los gobernadores están sometidos a una presión inédita desde Nación. No obstante, utilizar eso como excusa para avanzar sobre derechos conquistados es inaceptable. La educación no puede pensarse como una variable de ajuste, tampoco los docentes pueden ser tratados como enemigos o como un obstáculo para el desarrollo. No se puede pensar en una sociedad organizada, en constante crecimiento, sin educación. 

Lo que está pasando en Santa Fe no es un hecho aislado, forma parte de una lógica que busca disciplinar a los trabajadores, debilitar las organizaciones gremiales y reconfigurar el sentido de lo público. Por eso, más allá de los nombres propios, este conflicto debería preocuparnos a todos, porque si se naturaliza que el ajuste caiga siempre sobre los mismos, lo que se erosiona no es sólo el salario docente, sino la democracia misma. Se debe pensar a quiénes se dirigen realmente  cuando utilizan la frase “acabar con los privilegios” ¿los trabajadores son los privilegiados? ¿O es una treta para realmente no “tocar” a los verdaderos privilegiados?